PACTO DIABÓLICO

                        Sólo la existencia de un secreto pacto diabólico tras un aquelarre misterioso puede explicar el inesperado triunfo de la moción de censura del socialista Pedro Sánchez al Gobierno popular de Mariano Rajoy a pesar de la hábil utilización por parte del proponente de la sentencia del “Caso Gürtell”, que asume toda la oposición, con corruptos o no en sus filas. Es obvio que ha habido bastante más que meros “contactos de cortesía” del líder socialista para alzarse, con sólo 84 diputados (Rajoy contaba con 137), no ya con el triunfo de la moción (objetivo asequible al arremeter en masa contra el Gobierno) sino también, y como consecuencia de lo anterior (las mociones de censura son constructivas y requieren un candidato y un proyecto alternativo), con la Presidencia del Gobierno sin exponer un proyecto gubernamental alternativo tal como está previsto en los debates de censura. Ese presunto pacto diabólico ha bastado para que, exponiendo en el hemiciclo cuatro ideas generales y otras tantas vagas intenciones (diálogo, progreso social, igualdad, derogación de algunas leyes, trabajo seguro y no precario…..) sus valedores hayan quedado satisfechos para darle el ansiado “sí”, cuando para tener la ansiada mayoría, además del PSOE, se necesitaba a IU-Podemos con sus mareas y confluencias, PNV, Bildu, ERC, PDeCat, Compromís y Nueva Canaria; en definitiva un amplio conglomerado de opciones políticas variopintas, tanto de derechas como de izquierdas, populistas, nacionalistas, independentistas o abertzales, que en su conjunto serían incapaces de hilvanar un mínimo proyecto común gubernamental, coherente y viable, no ya para gobernar España sino incluso para administrar la gestión de un bloque de viviendas. Por tanto, sólo un pacto diabólico puede explicar el éxito de la moción de censura en un ambiente preñado de traiciones, deslealtades, incoherencias, irresponsabilidades, mentiras, verdades a medias y falsas acusaciones en las que han participado todos, dando una pésima imagen a la ya deplorable credibilidad de los ciudadanos sobre esta política con minúsculas y a corto plazo con que sus señorías se conducen con demasiada frecuencia. Una moción de censura es para afrontar situaciones de ingobernabilidad calamitosas y pretende con su triunfo (ésta es la primera moción que triunfa) un claro cambio de rumbo a mejor para que los ciudadanos, mayoritariamente, perciban que el nuevo Gobierno surgido de la misma, sin pasar por unas elecciones, va a enderezar el errado rumbo hasta finalizar la correspondiente Legislatura. Sin embargo y a priori, siendo ya débil el Gobierno anterior con una mayoría insuficiente en la Cámara de 137 escaños, aunque con apoyos puntuales de otros, homogéneos ideológicamente, la alternativa surgida tras la moción para enderezar la situación es un gobierno más débil aún, apoyado sólo por 84 diputados y sin perspectivas de apoyos puntuales con cierta homogeneidad ideológica. En fin, una censura exitosa, gracias a ese presunto pacto diabólico, que, de momento, la única certidumbre que aporta es el futuro personal de su promotor, Pedro Sánchez, quien, tras pasar por Moncloa, aunque fuera brevemente, se garantiza el estatus vitalicio de ex Presidente del Gobierno con las pertinentes prebendas que conlleva el mismo. Enhorabuena pues a Pedro Sánchez por su éxito personal.

            Dicho lo anterior, surgen todas las incertidumbres, comenzando por la única propuesta alternativa concreta de Sánchez, cual es mantener los Presupuestos Generales del Estado, aún en tramitación en el Senado, aprobados por PP, Ciudadanos y PNV, a los que se opuso tajantemente hace cuatro días porque, según él (mejor ni mencionar lo que decían sus nuevos socios), “no son creíbles, atacan al Estado del Bienestar y no defienden ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los parados, ni a los jóvenes”…. y además tiene la geta de engañar a la gente diciendo que los mantendrá por “responsabilidad”… ¿es responsable dejar indefensos a todos los que dice y cargarse el Estado del Bienestar?, ¿no será más bien que se los traga, y lo que haga falta, porque el PNV le exigía tal peaje para darle su imprescindible apoyo? Pero, ya ven, no importa, en el pacto diabólico, si no gustan unos principios, no pasa nada, se tienen otros.

Y con tales planteamientos, tras defender con razón el 155 en Cataluña, junto a PP y Ciudadanos, y decir que “Torra es el Le Pen español y el PSOE le va a hacer frente”, pidiendo “consecuencias penales” para las ilegalidades del “procés”, es fácil pasar ahora a hacer guiños al secesionismo diciendo que “hay territorios que se sienten nación” y ofreciendo “diálogo” (como si no lo hubieran habido) para resolver el “problema político” catalán ya que “hay soluciones políticas”…. Menos mal que, de momento, niega que en España haya “presos políticos” y afirma que el poder judicial español es independiente. Al final, tiene razón el portavoz del PNV (tras sacar tajada de unos y otros) diciendo que al dejarle como árbitro de la gobernabilidad, España tiene un problema, mientras otros sostienen que es indecente que a la Gürtell la hayan desalojado, entre otros, los EREs, Cursos de Formación, el famoso 3% de CDC (condenada por corrupción y camuflada hoy como PDeCat)…e intolerable que encima digan, sin sonrojarse, que lo hacen por ética política….pero, ya ven, el pacto diabólico lo soporta todo. Y mientras Sánchez dice, tras desalojarlo, que el PP “no es corrupto”, Iglesias ya le ofrece “ganar juntos” las próximas elecciones….. Sólo cabe desear pues lo que Rajoy ha dicho a Sánchez en su despedida, que, como él ha hecho, deje una España mejor que la que recibió.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

DESMADRE JURÍDICO EN EUROPA

                        Si alguien no lo remedia (esperemos que sí) la decisión de un tribunal regional alemán de limitar al delito de malversación el procedimiento de entrega a España del prófugo Puigdemont para ser juzgado, que no condenado, exonerándole del presunto delito de rebelión, tal como pretende el Tribunal Supremo Español en coincidencia con la propia fiscalía territorial alemana, se pone de relieve, mírese como se mire, un monumental desmadre jurídico en Europa y muy especialmente en la UE, cuyos estados-miembros no pueden ni deben depender jurídicamente de las previas decisiones que tomen tribunales territoriales, ya sean de estados federados o de regiones autónomas, como si se tratara de últimas instancias judiciales a las que, por cierto, en todos los países cabe recurrir cuando las condenas no son aceptadas por las partes. Ya de entrada, si prevalece el criterio del tribunal territorial alemán, limitando sin posible recurso la euroorden de extradición, sobre la pretensión del Tribunal Supremo español de juzgar presuntos delitos de rebelión, se estaría atentando contra el mero sentido común (prioritario en todos los órdenes de la vida pero especialmente en el Derecho) y contra la lógica procedimental, siendo inaceptable que una instrucción judicial de varios meses en España por parte del Supremo, recabando todo tipo de pruebas y testimonios, se resuelva a efectos prácticos en un par de días en Alemania por parte de un tribunal de menor rango y por el mero detalle de una diferente percepción sobre la suficiencia o no del grado de violencia para poder ser equiparado el delito de “alta traición” alemán con el de “rebelión” español. ¿No sería lo más correcto y solvente, lo más razonable y más justo, que un juicio con todas las garantías procesales dilucidara y demostrara o no si dicho delito se ha cometido y procediera en consecuencia?

            Si alguien no lo remedia (esperemos que sí) con este desmadre jurídico europeo se puede dar la paradoja de que el jefe de la banda, el máximo responsable del presunto delito de rebelión, sólo sea juzgado por el presunto delito de malversación, quedando exonerado junto a otros colegas prófugos (si así lo decide Bélgica, Reino Unido o Suiza) del delito más grave, mientras sus subalternos no prófugos de la Justicia y en prisión preventiva pueden ser juzgados por rebelión y, en caso de ser condenados, apechugar con largos años de cárcel, muchos más de los que le caerían al jefe por la malversación (se estaría premiando al prófugo frente a quienes no huyen de la Justicia) y no precisamente porque no se haya podido demostrar la comisión del delito de rebelión por su parte, sino sencillamente porque un tribunal territorial alemán ha decidido que a él no se le juzgue, amparándose en una obsoleta y absurda euroorden, cuya interpretación quedaría en manos de insólitos tribunales territoriales ordinarios, omnipotentes y omniscientes, sin posibilidad de apelación alguna a un tribunal superior de ámbito europeo que entendiera de extradiciones entre países socios, aliados y amigos, supuestamente con homologados y homologables códigos penales y procedimientos procesales con todas las garantías.

            Si alguien no lo remedia (esperemos que sí) con este desmadre jurídico en Europa estamos generando una desconfianza absoluta entre los diversos Estados de la Unión Europea, cuando debiera ser todo lo contrario, atentando directamente contra la línea de flotación de una mayor cohesión europeísta de cara a un futuro incierto y preocupante, plagado de renovadas tendencias nacionalistas, incluso ultranacionalistas, que ya no sólo amenazan la existencia de la UE, buscada desde finales de la Segunda Guerra Mundial, sino también la pervivencia de muchos de los Estados miembros, configurados a lo largo de la Historia y, lo que es peor, la coexistencia pacífica y democrática entre ellos. 

            Si no somos capaces de aprender del pasado, apaga y vámonos. Este desmadre jurídico y político en la UE no se puede sostener y si hay que cambiar las legislaciones, cámbiense. La democracia y la libertad, imperante en todos los países de la Unión, es muy frágil y puede romperse en cualquier momento, echando por tierra todos los esfuerzos individuales y colectivos que hemos hecho para conseguirlas. Con mayor o menor violencia, con los matices perceptivos de unos u otros sobre la suficiencia o la calidad de la violencia en cada caso, con las diferentes sensibilidades que cada quien tenga sobre garantías y derechos individuales o colectivos, hechos como los protagonizados por los instigadores y promotores del “procés” no pueden permitirse ni deben quedar impunes; ni los daños políticos, sociales y económicos, tampoco. Los gobernantes en democracia tienen la suprema responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la legalidad democrática vigente; ni pueden, ni deben, actuar contra la norma establecida o al margen de ella, ni al margen de las competencias que tengan encomendadas, pues en sí mismo es pura violencia, al margen de las formas en que ésta se ejercite. Es lo que han hecho Puigdemont y compañía. Y, salvo que queramos convertir a diversos países de la UE o de Europa en verdaderos “paraísos judiciales” para los delincuentes, no podemos quedar indiferentes ante desmadres jurídicos como el que nos ocupa.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena